Manifestación 30N: ¿será capaz el Estado de coordinar los bomberos públicos tras la tragedia de Valencia?

Recuerdo cuando, los miembros de la junta directiva de la asociación profesional de bomberos CUBP empezamos a ser recibidos en el Congreso de los Diputados, allá por 2015…una de las cosas que más me chocó fue la de comprobar fehacientemente que nuestros políticos no sabían quiénes éramos, qué hacíamos, dónde estábamos, ni mucho menos cuántos somos. Así como suena; excepto algún caso aislado, en la mayoría de reuniones tuvimos que empezar explicando quiénes éramos los bomberos.
Si bien al explicarles quiénes somos sus caras iban adoptando un cáliz de asombro, éste era máximo cuando les hacíamos conscientes de los problemas que tiene el sistema actual y las necesidades de regulación y coordinación para poder dar un servicio de calidad a la ciudadanía. Resulta curioso que una vez llegábamos a este punto, como seres humanos que son los políticos, tomaban conciencia de que el sistema de bomberos necesita ajustes reguladores, pero al mismo tiempo, como políticos que son esos seres humanos, echaban balones fuera para no tener que asumir la responsabilidad parlamentaria de sacar adelante una iniciativa legislativa.

Por otro lado, desde hace más de un siglo, los bomberos somos conscientes de que los problemas regulatorios y operativos que padecemos se replican en todos los cuerpos de bomberos; lo que varía es la magnitud de los problemas, pero estos podríamos decir que son esencialmente los mismos (el primer congreso de bomberos en España tuvo lugar en 1902 y esto ya salió a relucir). Y no ha sido esta la primera vez que los bomberos reivindicamos una regulación, esto se lleva haciendo, como decía antes, desde hace casi un siglo, por diferentes entidades, desde los propios servicios, asociaciones y plataformas así como desde sindicatos profesionales. 
Sin pretender hacer de este artículo una tesis sobre este asunto, sí que es necesario entender de dónde venimos y dónde estamos, porque es la única forma de comprender hacia dónde debemos ir. En este sentido, debemos entender que la España municipal de mediados del siglo XIX, conforme las ciudades iban creciendo, experimentó una transición desde las milicias de zapadores y bomberos de mutuas de seguros, hacia los servicios de bomberos municipales que, al igual que en otros muchos municipios de Europa, profesionalizaba la prestación del servicio contraincendios, ampliando las coberturas a toda la población, y no sólo a aquellos que tuviesen la capacidad de pagarse un seguro privado o dejar a la población en manos de milicias civiles o militares de zapadores que, si bien le ponían muchas ganas, los tiempos de respuesta y profesionalidad brillaban por su ausencia.

El modelo municipal ha ido avanzando durante todo el siglo XX, instaurándose en las principales ciudades españolas. A partir del año 1985, tras la promulgación de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), el sistema municipal se hizo extensivo a los municipios de menos de 20.000 habitantes, de la mano de las diputaciones provinciales; ¿cómo se llevó a cabo esta extensión del servicio? pues o bien de forma directa por las diputaciones o mediante fórmulas de cooperación (consorcios) a través de las cuales se financian cuerpos que prestan servicio a los municipios consorciados con la diputación, poniendo una serie de parques sin regulación alguna en cuanto a emplazamiento, dimensionamiento de plantillas, procedimientos, formación, etc. es decir, la intención era y es cumplir con la LBRL, para garantizar que «se presta el servicio de prevención y extinción de incendios» y nadie pueda decir que ese servicio no se está prestando; ahora bien, el «cómo se preste» ya es otro cantar que no parece que interese regular por parte de los gobiernos.

A todo esto, desde los años 80, el Estado se ha ido desarrollando periféricamente, y de forma paralela las CCAA han ido asumiendo competencias de protección civil al mismo tiempo que la LBRL mandata que los municipios presten ese servicio de la mano de los SPEIS. Un servicio que no se limita a la extinción de incendios, sino que son servicios auténticamente multidisciplinares en cuanto a la atención de emergencias se refiere, formando parte de todos los planes de emergencia habidos y por haber, aparte de encargarse de forma directa de las emergencias ordinarias. Es decir, en la práctica, los SPEIS son los verdaderos directores de la protección civil; esa misma competencia que las CCAA se han ido atribuyendo.

Esta dualidad competencial, LBRL- estatutos de autonomía, ha dado lugar, en la mayoría de territorios, a varias consecuencias:

1. La desvinculación de los gobiernos autonómicos respecto del desarrollo y coordinación de los cuerpos de bomberos municipales, ya que han entendido que es algo que no les compete, incluso a sabiendas de que son los que están a pie de calle en el 99% de las emergencias en el territorio autonómico, lo que abarca todo tipo de incendios; incluidos los forestales, así como inundaciones, terremotos, accidentes de tráfico, accidentes químicos, rescates en montaña, y un largo etc.

2. El desarrollo de un sistema de bomberos desregulado y heterogéneo, al depender del presupuesto de entidades locales, muchas veces limitadas, lo que supone que en algunos lugares existan cuerpos de bomberos digamos «top», y en otros lo justo y necesario para cubrir el expediente y cumplir la LBRL, rozando la inoperatividad e incumpliendo claramente los criterios de la prevención de riesgos laborales en cuanto al dimensionamiento y equipamiento de los equipos de intervención.

3. La desconexión y descoordinación entre cuerpos de bomberos incluso dentro de una misma provincia, lo que da lugar, por ejemplo, a que el 112 no active el parque más cercano a una emergencia (aunque esté a 100m del parque) sino a que se active el cuerpo de bomberos «del municipio en el que se localiza la emergencia», de manera que llevamos décadas desatendiendo a innumerables víctimas por problemas burocráticos, o a que tengamos que esperar a que el fuego afecte a nuestra comunidad autónoma e incluso a nuestra provincia o municipio para tener autorización para actuar. Por poner un ejemplo de esto, hace pocos años, los bomberos de Comunidad de Madrid tenían órdenes de esperar a que un incendio que avanzaba por la provincia limítrofe de Toledo pasase la frontera para poder actuar… y es que por mucho que se empeñen nuestros políticos en mirar hacia otro lado, ni el fuego va a tener en cuenta la burocracia ni la hemorragia de una víctima se va a detener porque los bomberos tengan que venir del municipio «correcto» en lugar del que esté más cerca.

3. El desarrollo de servicios de extinción de incendios forestales por parte de las autonomías, lo que unido a los puntos anteriores, es el sustrato sobre el que algunos pretenden construir un servicio de emergencias autonómico, con personal mayoritariamente privado dependiente de sociedades mercantiles, de forma paralela a los cuerpos de bomberos ya existentes, con el principal objetivo de utilizarlos para dar visibilidad a los propios gobiernos (de hecho en la CV la primera acción a desarrollar para la creación de la UVE con los bomberos forestales era gestionar la adquisición de la uniformidad con el logo de UVE y el equipamiento de grabación para asegurar que toda acción quedase bien registrada). Hace poco la Junta de Andalucía anunciaba que iba a hacer poco más de lo mismo con sus bomberos forestales… ¿por qué? porque los bomberos no existimos para las autonomías, salvo alguna excepción; todo hay que decirlo.

No se puede consentir este desbarajuste; hay que tener en cuenta que para una misma provincia encontramos escollos tan dispares como comunicaciones, escalas, categorías, procedimientos, equipos de intervención, efectivos por bomba, formación, herramientas y material, etc. » distinto unos de otros», perjudicando la correcta coordinación de las actuaciones. Imaginad lo que ocurre cuando sucede una catástrofe, nadie sabe nada, ni quién debe movilizarnos, ni cómo, ni cuándo, ni cómo nos comunicamos entre nosotros, prelación del mando, ni la logística, en definitiva, no hay nada previsto para nosotros porque el Estado no sabe ni que existimos, y la mayoría de CCAA, tampoco.

Para colmo, unos bomberos públicos que sí que tenía el Estado, que son los bomberos aeroportuarios, va y los privatiza en 2011, dejando la seguridad de los ciudadanos que hagan uso de estas infraestructuras en manos de empresas privadas. De hecho, estas empresas no les están dejando ni salir al parking del aeropuerto a atender los accidentes de tráfico que allí se producen, ni tampoco les han permitido actuar en la Dana de Valencia, por poner dos ejemplos gráficos.

Tras los últimos acontecimientos en Valencia, y habiendo actuado bomberos de todas partes del Estado, la mayoría de forma altruista, con miles de bomberos desplazados con medios muchas veces prestados, ha llegado un momento en el que los más de 22.000 bomberos públicos hemos dicho «basta» y queremos que se nos tenga en cuenta y se regule nuestra profesión, y que se materialice sentando las bases comunes para todos los bomberos desde el Estado, y que todas las CCAA se hagan cargo de desarrollar normativas específicas para los cuerpos de bomberos de sus territorios.