¿Qué significa coordinar los cuerpos de bomberos?

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), establece como competencias propias la prestación del servicio público de prevención y extinción de incendios por las diputaciones provinciales o entidades equivalentes cuando los municipios cuenten con una población inferior a 20.000 habitantes (artículo 36.1.c). 

El sistema, se ha ido desarrollando hasta ser más de 140 cuerpos y más de 22000 profesionales. El propio legislador, en previsión de que ese sistema de bomberos pudiera resultar demasiado heterogéneo y, por tanto, falto de coordinación y eficacia en la gestión de las emergencias en las que se pudiera necesitar la movilización de recursos, incluyó una disposición final 3ª (LBRL) en la que establecía que los cuerpos de bomberos contarían con un estatuto propio.

Si atendemos a los principios de eficacia y coordinación que deben regir el funcionamiento de las Administraciones públicas establecidos en el artículo 103.1 de la Constitución de 1978, y los principios de coordinación, y las facultades que atribuye a las entidades locales y comunidades autónomas la Ley de Bases del régimen Local, sería razonable establecer criterios regulatorios que armonicen los diferentes cuerpos de bomberos existentes, que garanticen la eficacia, la coordinación y la prestación del servicio en cada territorio autonómico, y a su vez reconozca y regule dicha profesión a nivel estatal, proporcionando un marco normativo común, sin menoscabo del desarrollo legislativo autonómico o local posterior. Es decir, la legislación lo avala ampliamente.

Y esto es precisamente lo que los bomberos venimos reivindicando desde hace décadas: que se cumpla la normativa y se materialice ese estatuto de los cuerpos de bomberos a través de una ley de coordinación bajo el amparo del Sistema Nacional de Protección Civil.

Tras la catástrofe recientemente acontecida en Valencia se ha puesto de manifiesto, una vez más, la necesidad de coordinación de los cuerpos de bomberos a través de una normativa básica común y una oficina central de coordinación.

Los bomberos demasiadas veces estamos atados de pies y manos; muchas emergencias podrían acometerse de una forma más eficaz si existiera una mínima infraestructura de coordinación estatal que pusiera el punto de mira en la prestación del servicio que eliminara las barreras burocráticas existentes a día de hoy.  No se trata de crear un cuerpo nacional de bomberos, ni de restar autonomía a las entidades locales, se trata de que lo primero sea la ciudadanía, no las fronteras burocráticas.

Tenemos la capacitación, los medios y la voluntad de acudir y permanecer con las víctimas mientras nos necesiten, y para ello necesitamos que exista voluntad política, porque con el actual sistema eso no queda garantizado. 

No puede ser que los bomberos no podamos acudir a una emergencia porque el accidente se encuentra en otro municipio o región; incluso aunque las víctimas se encuentren a centenares de metros de nuestro parque. No puede ser que haya que esperar que el fuego salte a nuestro municipio o provincia o región para pararle los pies. No puede ser que, ante una catástrofe, como la de Valencia, carezcamos de mecanismos de coordinación que permitan nuestra movilización oficial, anteponiendo barreras burocráticas a las circunstancias y necesidades de las personas.

Debemos entender que la coordinación no se circunscribe únicamente a la movilización de recursos una vez producida la catástrofe, la coordinación ha de comenzar mucho antes; tenemos que saber cuántos somos, qué materiales tenemos, dónde están nuestros parques, establecer dotaciones seguras, crear mapas de riesgos, establecer toda una logística, procedimientos y sistemáticas de movilización de recursos, unificar técnicas de trabajo, hacer estudios y estadísticas para que los datos permitan anticiparnos a las necesidades de la población. Todo esto es inexistente a día de hoy. 

Por otro lado, es necesario que todas las comunidades autónomas dispongan de una regulación específica en materia de bomberos, que normalicen el servicio dentro de sus territorios. Actualmente tan sólo unas pocas comunidades cuentan con una ley específica, por lo que, 40 años después de la Ley de Bases de Régimen Local, en la mayoría de comunidades seguimos padeciendo la falta de normalización entre cuerpos, incluso dentro de una misma provincia cada cuerpo es un mundo; y ni que decir tiene entre servicios estatales, como los bomberos aeroportuarios y sus homólogos municipales. 

A pesar de que el Tribunal Constitucional (STC 66/1995) reconoce al cuerpo de bomberos como un servicio público esencial, carácter ampliamente reconocido en el ordenamiento jurídico, sin embargo, ningún gobierno ha considerado todavía regularlo estatutariamente. 

En este sentido, necesitamos una ley que normalice los aspectos básicos de nuestro funcionamiento y sea capaz de regular nuestra profesión. Necesitamos una oficina de coordinación que sea capaz de prever y garantizar nuestra movilización de forma eficaz. Necesitamos regular los cuerpos de bomberos en todas las comunidades autónomas bajo unos mismos criterios y que el servicio cuente con unos estándares mínimos que garanticen una prestación asistencial de calidad en todos los territorios autonómicos y establezca a su vez mecanismos de coordinación de nivel autonómico y provincial. En definitiva, necesitamos que se cumpla el mandato que nuestros propios legisladores ya previeron en 1985, y que los bomberos contemos con una mínima estructura de coordinación a través de un estatuto propio.

Estamos seguros de que la ciudadanía entiende la importancia de estas reivindicaciones y la trascendencia positiva de cara a su seguridad y, por tanto, entienden y apoyan que los bomberos seamos coordinados de forma eficaz y eficiente.