Algunos datos interesantes sobre el cambio a rotativos azules
Ya sabemos que la Orden PCI/810/2018 sobre el cambio de color de la señalización luminosa para vehículos prioritarios.
Ahora bien, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Por qué ha tardado tanto? ¿Qué fue de aquella consulta que se hizo en su día?
Tras la reunión con el Director General de Tráfico y hacerle entrega de unos documentos que acreditaban suficientemente la necesidad del cambio de color, obtuvimos un compromiso firme de redactar la modificación reglamentaria. De hecho el mismo día, a nuestro regreso vimos que el Director DGT publicaba oficialmente el inicio del proceso. He de decir que estos mismos argumentos se le dieron en mano al Ministro del Interior, aprovechando una reunión sobre la ley marco de bomberos.
El proceso culminaría con la elaboración del proyecto de Orden que modificase el anexo XI del RGV, lo cual debía hacerse por técnicos de la Secretaría general Técnica. No obstante, antes de aprobar ese texto (el cual se podía hacer fácilmente), el proceso era más complejo…
Para que la Orden PCI/810/2018 pudiera aprobarse se debía solicitar un informe a los miembros del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, y además llevar a cabo una consulta e información pública.
Después, una vez obtenido el informe y hecha la consulta, la Dirección General de Tráfico elaboró un informe de acuerdo con el artículo 26.5 de la Ley 50/1997, en el que explicaba en qué consistía la reforma, con el objeto de recabar otros informes a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a la Secretaría General de Estado de Seguridad y a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior, y, asimismo, a los Ministerios de Defensa, de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Es decir, a todos aquellos a los que pudiera afectar dicho cambio, los cuales por ley deben emitir sus respectivos informes y ser tenidos en cuenta.
Por último, una vez hecho todo lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Función Pública tuvo que hacer un estudio e informar del impacto presupuestario que tendría la modificación, estableciéndose en aproximadamente 275.000 euros, ya que les constan unos 2.750 vehículos oficiales estatales afectados, desconociéndose la cantidad perteneciente a las Comunidades Autónomas, Ciudades de Ceuta y Melilla, y Administración Local. También se desconoce lo que vaya a significar para los vehículos de particulares a modificar (Asociaciones de voluntarios, etc.).
Respecto de la consulta pública que se realizó a través del portal web del ministerio para recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la reforma, ésta se inició el 24 de julio y finalizó el 18 de agosto de 2017, habiéndose obtenido 481 contestaciones, todas positivas.
En el siguiente gráfico he representado las respuestas totales recibidas, así como el porcentaje del total para cada sector.
Podemos ver que los bomberos se llevan la palma en cuanto a porcentaje de respuestas. Quizá la campaña que hizo la CUBP al respecto tenga algo que ver…
En cualquier caso, este proceso muestra varias cosas:
1. La lentitud de los procedimientos administrativos/legislativos, pues aunque exista voluntad política, lo cierto es que hemos de tomar conciencia de que son procesos lentos (aunque no hemos de perder el contacto, ya que puede dar lugar a bloqueos difíciles de solventar cuando ya es demasiado tarde).
2. La influencia y participación de distintas instituciones en los procedimientos legislativos, lo cual nos invita a hablar con varios interlocutores (sin dejarse a ninguno suelto a ser posible).
3. La desconexión entre Estado, CCAA y AALL. Aquí nadie sabe nada…¿Cuántos bomberos hay en España? ¿Vehículos autobomba? ¿Víctimas en incendios de vivienda? ¿Qué enfermedades padecen los bomberos? ¿De qué mueren? ¿Qué balance coste-eficacia tienen? ¿Cuántas intervenciones tienen? ¿Cuántas vidas salvadas?…
A pesar de todas las trabas y burocracia existente, a pesar del distanciamiento Estado-CCAA-AALL, cada día tengo más claro que es necesario vertebrar el servicio desde las autonomías hasta el Estado, haciendo participe a todas las AAPP responsables.
No podemos seguir con cientos de modelos distintos de SPEIS, con niveles asistenciales distintos en función de dónde viva o dónde se encuentre circunstancialmente un ciudadano.
Necesitamos seguir regulando los SPEIS, porque si de algo adolecemos todos al unísono es de eso mismo: la ausencia de regulación y coordinación operativa.
Porque los bomberos lo necesitan. Porque los ciudadanos lo merecen.
Necesitamos una ley de coordinación estatal.